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En la interacción de los ciudadanos o empresas con la administración pública, a veces surgen discrepancias. Estas situaciones, en las que se busca impugnar una resolución administrativa, requieren un experto específico. Esta figura legal es vital para garantizar que los derechos de las partes interesadas se defiendan adecuadamente frente a las decisiones de los organismos gubernamentales.
Un abogado contencioso administrativo se especializa en el ámbito del Derecho Administrativo, particularmente en los conflictos que surgen entre particulares o entidades y la administración pública. Este profesional ofrece una comprensión profunda de las regulaciones, leyes y procedimientos que rigen este segmento del derecho.
Una vez que una entidad o individuo decide impugnar una decisión administrativa, es el abogado contencioso administrativo quien representa a la parte en el litigio.
Además de representar en tribunales, estos abogados proporcionan valiosos consejos sobre cómo proceder en casos de desacuerdos con decisiones gubernamentales.
Estudian y analizan las decisiones administrativas para determinar su legalidad y la posibilidad de impugnación.
Redactan y presentan toda la documentación necesaria para procedimientos judiciales, como recursos o demandas.
Las leyes y regulaciones que rigen las interacciones con la administración pública son extensas y complejas. Estos abogados poseen un conocimiento detallado de esta rama del derecho, asegurando que cualquier acción tomada esté respaldada por un entendimiento profundo de la ley.
Aseguran que los derechos de individuos o entidades no sean vulnerados por decisiones administrativas injustas o incorrectas.
Con su experiencia, pueden agilizar procedimientos, minimizar errores y garantizar que el proceso se desarrolle sin problemas.
En situaciones donde se niega o revoca una licencia o permiso, como una licencia de construcción o un permiso de negocio.
Actuamos cuando entidades gubernamentales establecen multas que parecen desmedidas o no ajustadas a la justicia.
En casos donde un particular o empresa sufra daños directamente atribuibles a una acción o inacción de la administración.
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